jueves, 10 de febrero de 2011

IPE: 749 MDP déficit 2011

A la quiebra, por ineficacia


Marco Antonio Aguirre Rodríguez
Místicos y Terrenales

Uno de los puntos de quiebre que tuvo el gobierno de Carlos Salinas con las fuerzas sociales del país fue cuando quiso desaparecer el sistema de pensiones por jubilación, retiro e incapacidad que manejaban el IMSS y el ISSSTE, para dejar sólo las Afores (o administradoras de fondos para el retiro, como es su nombre completo).
Aquí, en Veracruz, el manejo de pensiones para los burócratas locales corresponde al Instituto de Pensiones del Estado, el cual tiene un déficit que se ha llegado a calcular en 3 mil 500 millones de pesos.
A la institución han llegado políticos en los últimos tiempos, más no personas que sepan de manejos financieros o que tengan una visión de crecimiento de las finanzas públicas.
Gonzalo Morgado Huesca, el actual titular del IPE, aunque es contador público, se ha mostrado más como político (ha sido diputado local, diputado federal y presidente municipal de Martínez de la Torre), que como técnico en cuestiones financieras, aún cuando fue incluso Contralor interno de la Secretaría de Finanzas y Planeación, en el sexenio anterior.
Para el 2011 la aportación del gobierno del estado para el Instituto es de 700 millones de pesos, los que se suman a las cuotas que se espera reciba el IPE, las que se proyectaron para este año en 2 mil 265 millones de pesos, lo que hace un total de 2 mil 965 millones de pesos como ingresos.
El anuncio sobre estas cantidades se realizó durante una reunión que tuvo el director del IPE con los consejeros sindicales y el representante del Gobierno del Estado ante la institución, el Secretario de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón.
En ese evento, realizado el 26 de enero anterior, se refirió también que los gastos que se contemplan para este año son 130 millones de pesos por servicios administrativos, y 3 mil 584 millones de pesos por nómina, que implica el pago de pensiones. Esto es 3 mi 714 millones de pesos.
Esto lleva a que ya desde ahora el IPE tiene un déficit de 749 millones de pesos, los que sumados a los 3 mil 500 millones que se calculan como adeudo (la cifra la manejó Ricardo Diz Herlindo dirigente del Sindicato Unificador de Trabajadores al Servicio del Estado y del Magisterio (Sutsem) a finales del año anterior, en las vísperas de la toma de posesión del Gobernador Javier Duarte de Ochoa en el cargo).
Así pues, si las cosas continúan de esta manera, el Instituto de Pensiones del Estado acumulará al concluir el año un déficit superior a los 4 mil millones de pesos, cantidad mayor a su gasto operativo del año.
El IPE, pues, está frente a la quiebra financiera si nada se hace por salvarlo.
Y para salvaguardarlo se requiere de una intervención decidida del Gobierno del Estado, la cual ya fue ofrecida por el Gobernador Javier Duarte de Ochoa, vía el Secretario de Gobierno.
Entonces, el IPE tiene esperanzas.
Pero también se necesita que el director del Instituto actúe con una gran capacidad de gestión y financiera, para defender y acrecentar los bienes del Instituto, pero además con una gran sensibilidad social, para atender y entender los reclamos de los afiliados al Instituto.
Lo malo es que hasta ahora el nuevo director del IPE no ha dado muestras de tener una idea de cómo actuar con respecto a los bienes del Instituto; en la reunión con los consejeros, ni siquiera se mencionó a detalle los ingresos que estos bienes están generando, o ¿son tan bajos que ni vale la pena mencionarlos?.
Aunque de todos modos, ¿cuánto es lo que obtiene el IPE de ingresos propios?, ¿cómo se usan esos recursos?.
Por el lado social, que se supone sería lo fuerte de Gonzalo Morgado Huesca, se ve igualmente una deficiencia, provocada por la falta de atención que el mismo tiene hacia los afiliados al IPE.
Primero, nunca quiso hablar con los jubilados que reclaman la devolución del Impuesto Sobre la Renta que les descontaron de sus percepciones que recibieron en diciembre, el cual consideran que se les cobró de forma indebida; en este tema, Gerardo Buganza tuvo que salir a decir que el Gobierno del Estado intervendría, e incluso mencionó que se harían las gestiones necesarias para retirar este cobro de impuesto.
Después, en la misma reunión donde se anunció el presupuesto del IPE para este año, se mencionó que existe un fondo de 672 millones de pesos para préstamos a corto plazo, y otro de 722 millones de pesos para préstamos a mediano plazo. Pero cuando alguien quiere quejarse por la falta de información de cómo acceder a estos recursos (porque nadie dice como se puede obtener un crédito de este tipo), el director del IPE nunca quiere escucharlos.
El asunto es tan tenso que incluso Enrique Levet Gorozpe, dirigente del Sindicato de personal académico de la UV (o Fesapauv, como todavía se le conoce) reclamó en varias ocasiones la incapacidad de Morgado Huesca para llevar las riendas del IPE, precisamente porque no atiende los reclamos de los afiliados a este organismo.
De todos los consejeros, en esta nueva administración, es el único que ha dicho algo sobre la infuncionalidad del IPE.
Enrique Cruz Canseco, dirigente del Sindicato Democrático de Trabajadores de la Educación de Veracruz (SDTEV, pues), nada ha dicho.
El secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismos Descentralizados de Veracruz (FSTSEMODV), Faustino García Fernández, está igual.
Acela Servín Murrieta, “guía moral” del Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Educación (SETSE), apenas está en pedir que se revise la ley hacendaria federal para ver si es legal el cobro del ISR que se hizo en diciembre a los jubilados del IPE. Ojalá sea pronto su revisión, antes de que otra cosa ocurra.
Ricardo Diz Herlindo, del Sutsem, en esta nueva etapa, nada ha dicho.
Igual ocurre con el diputado Ernesto Callejas Briones, que se ha guardado de comentar algo sobre su paisano (ambos son de Martínez de la Torre) y ex compañero de partido (Callejas estuvo antes en el PRI, aunque ahora sea diputado por el PANAL).
Los místicos del sindicalismo estatal, pues, así como el director del IPE, siguen en el limbo en cuanto al qué hacer para sacar adelante a la Institución.
Mala señal, para un gobierno que reclama eficiencia.

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